Por Carla Mares, decana de la Facultad de Derecho e Investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.Dos hechos importantes ocurrieron el 5 de noviembre pasado. De una parte, se dejó al voto de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) la decisión de declarar inconstitucional (o no) la Ley 31388, que prorroga el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre próximo. De otra parte, en la Comisión de Energía y Minas se intentó votar un predictamen para prorrogar por dos años más el Reinfo.¿Por qué mantener un sistema que ha fracasado? Los números lo revelan. Cifras más, cifras menos: de un universo estimado de 500.000 mineros MAPE (minería artesanal y de pequeña escala), poco más de 87.000 se inscribieron en el Reinfo; de ellos, casi 70.000 tienen el registro suspendido. Pero eso no es todo. El proceso integral de formalización no solo no ha dado resultados, sino que ha sido una vía libre para que la minería ilegal campee en todo el país. El Reinfo no es una patente de corso para realizar actividades ilícitas; sin embargo, en muchos casos, ha sido el ropaje bajo el que se ha camuflado la minería ilegal, pues exime a quienes la practican de responsabilidad penal al estar inscritos en este registro.