Por María Cecilia Villegas, CEO de Capitalismo Consciente Perú.Cuando, en junio último, la Junta General de Accionistas (JGA) de PetroPerú nombró un directorio de primer nivel que había reconocido la necesidad de lograr una gestión privada para la petrolera estatal, los peruanos creímos que podríamos encontrar una luz al final de este enorme túnel. Sin embargo, nuestras ilusiones duraron muy poco. El directorio había planteado medidas de urgencia que debían ser tomadas por el gobierno de Dina Boluarte, pero frente a la demora en aprobar lo planteado el directorio renunció.El problema con las empresas públicas es que, al ser de "todos los peruanos", en la práctica no son de nadie. Es decir, no tienen un dueño que las cuide. Nadie es personalmente responsable de nada. Esto genera que los directivos no se preocupen por el funcionamiento de la empresa. En contraste, en una empresa privada, los accionistas exigen un adecuado gobierno corporativo, nombrando buenos directivos y estableciendo metas de cumplimiento estrictas. Si estas metas no se cumplen, usualmente los directivos son despedidos y la empresa es reestructurada. Pero, cuando se trata de una empresa estatal, si esta está mal manejada o pierde dinero, como PetroPerú, los directivos voltean a pedirle al Ministerio de Economía y Finanzas un salvataje. Al nadie asumir responsabilidad, no hay incentivos para mejorar la gestión y tomar las decisiones difíciles que una reestructuración conlleva y, así, el círculo vicioso se repite ‘ad infinitum’.