La próxima inauguración del puerto de Chancay ha abierto la posibilidad de crear una Zona Económica Especial (ZEE). Sin embargo, el debate se ha centrado en la aplicación de tasas reducidas de impuestos como requisito indispensable. A ello se suman las intenciones de ampliar la aplicación de la tasa del IGV reducida a restaurantes y empresas de turismo, y el aplazamiento de ajustes en el drawback.Todos estos incentivos fiscales son costosos y la experiencia previa en el Perú sugiere que suelen perpetuarse de manera indefinida sin un adecuado sustento técnico, generando distorsiones en el resto de la economía.En los últimos cinco años, los gastos tributarios se habrían incrementado en 11% en términos reales, impulsados principalmente por nuevos beneficios aprobados por el Congreso.Así, desde su aprobación en el 2022, el Estado habría dejado de recaudar casi S/ 1,400 millones producto de la tasa del IGV reducida (de 18% a 10%) aplicada a restaurantes y empresas de turismo. Como referencia, dicho monto es superior al presupuesto destinado a Pensión 65 para este 2024 (S/1,300 millones).En total, desde el 2020, los gastos tributarios suman más de S/100 mil millones, en términos reales.
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