El estallido del escándalo Odebrecht en nuestro país puso al descubierto una enmarañada trama de corrupción con pago de sobornos a funcionarios públicos para ganar licitaciones de obras del Estado entre fines de diciembre de 2016 e inicios de 2017. La reacción política ante la arremetida de este sistema corrupto -que comprometió a cuatro presidentes de la República de nuestro país- fue prohibir el financiamiento privado en favor de los partidos políticos.Casi ocho años han transcurrido desde entonces y la participación de economías ilegales en el quehacer político nacional obliga a replantear la legislación vigente para permitir que el sector privado aporte a las organizaciones políticas, pero bajo la tutela de mecanismos que garanticen la transparencia.(Edición domingo).