Que la minería ilegal cuenta con parlamentarios asalariados en el Congreso es el secreto peor guardado en el país. Es un hecho vergonzoso que el dinero que mueve esta destructiva actividad circule también -y en no poca medida- en los ámbitos de la política y la administración pública.De ahí que en el hemiciclo de la plaza Bolívar se promuevan leyes y disposiciones favorables a esta mala minería que opera no solo fuera de la ley, que no paga impuestos, que explota a sus trabajadores, y que además está asociada a las mafias del narcotráfico, la trata de personas, la extorsión, el tráfico de armas y el sicariato.Hoy por hoy, se trata del más próspero negocio delictivo que se desarrolla en el Perú, gracias precisamente a autoridades que oscilan entre la corrupción y la incompetencia. Y no hace falta mencionar al actual ministro del Interior para entender las razones de la lenidad del Gobierno ante esta nefasta actividad.El perjuicio que ocasiona a las economías formales es enorme, como enorme es el daño que causa al sistema democrático reclutando a pobladores de los extramuros donde mayormente operan con total y cómoda impunidad, allí donde las coberturas del Estado llegan tarde, mal y nunca. El último martes se intentó añadir un nuevo capítulo a esta saga criminal en el Congreso, cuando Paul Gutiérrez, representante del Bloque Magisterial y nada menos que presidente de la Comisión de Energía y Minas, intentó alargar la vigencia del Reinfo. La maniobra de presentar un texto sustitutorio para ampliar, "de manera excepcional", por dos años más el plazo del proceso de formalización minera fue postergada en el grupo de trabajo que preside.