En menos de un año, la congresista María Agüero (Perú Libre) recortó el salario de al menos 12 trabajadores de su oficina y de otras instancias del Parlamento que dependían directamente de ella, según la hipótesis del Ministerio Público en la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito.En ese contexto, a solicitud del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, el juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó el allanamiento de cuatro inmuebles relacionados con Agüero, entre ellos un departamento y tres cocheras en Breña, dos oficinas parlamentarias (una en Arequipa) y un predio rural en la Ciudad Blanca.