Por Omar Mariluz Laguna, director del diario Gestión.El Perú se enfrenta a una de las crisis hídricas más severas de su historia reciente, y la inacción del Gobierno de Dina Boluarte solo agrava la situación. Mientras el Senamhi y otras entidades alertan sobre los riesgos de déficit de caudales que amenazan a más de 47 empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), la respuesta del Ejecutivo ha sido, como en otros frentes, insuficiente.El impacto de esta crisis se extiende a lo largo y ancho del país. En la región Piura, el suministro de agua ya ha alcanzado niveles históricos de escasez. Los pronósticos indican que, para diciembre, la sequía podría afectar a 13 centrales hidroeléctricas. Esto implicaría una producción eléctrica aún más baja que la registrada entre el 2022 y el 2023, cuando la escasez de agua obligó al país a depender del diésel para generar energía, incrementando los costos de producción en un 27%. ¿Dónde está la estrategia del Gobierno para prevenir un colapso de esta magnitud?Esta inacción no solo pone en peligro el acceso al agua potable y la producción agrícola, sino que, como advirtió el exministro de Economía Luis Miguel Castilla, podría derivar en un shock de tarifas eléctricas que descarrile la incipiente recuperación económica del país.Castilla explicó recientemente en una entrevista para Cuentas Claras de Canal N que el 50% de la matriz energética del Perú depende de la hidroenergía. Con la sequía prolongada, se reduce la capacidad de generación eléctrica, obligando al país a recurrir a las reservas frías de diésel.
- [Gestión,Pág. 4] /