En una lucha entre la ilegalidad organizada en el Congreso de la República contra la fiscalía de la Nación y el Ministerio Público, tres congresistas promueven una denuncia constitucional que busca derribar y modificar la composición de la Junta de Fiscales Supremos.De paso, los congresistas buscan imponer, a mano militar, esto es sin observaciones, el conjunto de leyes que vienen dictando a favor de la minería informal y la delincuencia organizada.Para eso se valen de la potestad parlamentaria de investigar y sancionar a altas autoridades públicas que en el ejercicio de sus funciones cometen alguna infracción constitucional o un delito.(Edición domingo).