Por Raúl Benavides Ganoza, director de la compañía de minas Buenaventura.En un artículo anterior, propuse que el Estado controlara la minería informal e ilegal supervisando las plantas de tratamiento y los insumos de la minería artesanal e ilegal.Esto se puede hacer mediante la Sunat, que tiene la obligación de supervisar los insumos controlados como el cianuro, el mercurio y la cal. La Sucamec, los explosivos; la OEFA, los impactos al medio ambiente; y la Sunafil y el Osinergmin, que las condiciones de trabajo sean las adecuadas. El Ministerio de Energía y Minas, por último, debe ocuparse de que estas operaciones estén bien llevadas. El Estado tiene todas las herramientas para controlar esta minería. Entonces, ¿por qué no lo hace? Es evidente que si estas entidades del Estado cumplieran su trabajo, tendrían que acabar con este tipo de minería y generarían una reacción social de los cerca de 500.000 trabajadores mineros informales. Por eso, debe ser progresivo y no de un momento a otro, permitiendo que las plantas y los mineros artesanales se formalicen.Recuerdo que cuando se dictaron las primeras normas ambientales para la minería, todas nuestras operaciones estaban en falta, teníamos una serie de labores, relaveras, canchas de desmonte, etc., que debían ser remediadas. No se podía obligar a las empresas a que lo hicieran de inmediato por su costo y por la imposibilidad de hacer todo el trabajo a la vez.La solución fue el PAMA (Programa de Adecuación al Medio Ambiente), en el que se obligaba al productor minero a invertir un porcentaje importante de sus ventas anualmente en hacer los trabajos de remediación y adecuarse en un plazo máximo de cinco años.Yo me pregunto si no podemos pedirle al Gobierno que les exija a todas las plantas acopiadoras que presenten un plan de adecuación y un compromiso de inversión para que se adecúen a la ley en un plazo de dos o tres años.(Edición domingo).