Cuando previamente se agotó el debate y quedó demostrada la falta de argumentos que avalasen la iniciativa, resulta sorprendente y perturbador que el Poder Ejecutivo y la bancada aprista insistan en resucitar una iniciativa descabellada e improductiva, aunque esta vez reservada para los cabecillas y agentes terroristas: la pena de muerte.Por principio nos oponemos a una medida tan extrema que entra en conflicto con el derecho a la vida. Sin embargo, hay otras razones prácticas que avalan nuestra postura: ha probado no ser disuasiva allí donde se aplica; luego está el grave problema del error judicial, que podría mandar al paredón a inocentes; colocaría al Perú nuevamente en una incómoda situación internacional; y, finalmente, exacerba una cultura de más violencia y más muerte. La oportunidad en que se resucita el tema es igualmente sospechosa y hasta irresponsable, pues hay otros temas más importantes para el país que debieran ser incluidos en el poco tiempo que queda de esta legislatura ampliada. ¿Acaso se trata de una cortina de humo para desviar la atención de otros asuntos serios y soliviantar la emocionalidad ciudadana con un tema tan polarizador?En tal contexto, debemos llamar la atención e invocar a la cordura de las comisiones parlamentarias que estudian el tema, y eventualmente del pleno, para archivar el proyecto en mención. Por contraste, hay que exigir al Gobierno que defina, de una vez por todas, una política antiterrorista coherente e integral, que no puede estar desvinculada de la política antinarcotráfico. Esto incluye una acción militar-policial decisiva, mejorar los servicios de inteligencia, acciones de apoyo social y prevención, así como coordinar con el Congreso y las autoridades judiciales para endurecer las leyes antiterroristas y aplicarlas. Esto sería lo serio y responsable para enfrentar un fenómeno nefasto pero ciertamente circunscrito a grupúsculos desbocados que deben ser identificados y sancionados, pero no con la pena de muerte.