Por Omar Mariluz Laguna, director del diario Gestión.El mismo día en que se otorgaba el Premio Nobel de Economía 2024 a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson por sus estudios sobre la relación entre la fortaleza institucional y la prosperidad de las naciones, en Ate Vitarte, un profesor era asesinado dentro de un colegio. Tres disparos, ejecutados por un sicario, en pleno estado de emergencia.Esta escena de violencia e impunidad, cada vez más común, es la prueba más clara de que los galardonados con el Nobel no están equivocados: el éxito de las naciones está estrechamente ligado a la calidad de sus instituciones. Y en el Perú, las instituciones encargadas de luchar contra la inseguridad y garantizar justicia están en ruinas, salvo algunas excepciones.Un ejemplo clave es el Mininter, responsable de la seguridad. Desde que Pedro Castillo asumió el poder en julio de 2021, 13 ministros han pasado por esta cartera, incluido al cada vez más insostenible Juan Santiváñez. ¿Cómo puede implementarse una política seria contra el crimen con este nivel de inestabilidad y con un ministro que parece más preocupado por su defensa política que por la seguridad? La respuesta es evidente: no puede.El Ministerio Público y el Poder Judicial tampoco escapan a la crisis. El nivel de infiltración del crimen organizado es alarmante. La independencia y el papel de estas instituciones están en juego, lo que solo agrava la situación de inseguridad.Otro actor clave en este deterioro es el Congreso, cuyas decisiones solo profundizan el problema. Leyes que favorecen a la minería ilegal y otras que, en la práctica, facilitan la labor del crimen organizado, han convertido los allanamientos judiciales en una burla.
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