Entrevista a Alfonso Bustamante Canny, presidente de Confiep.Hace tres semanas, la Confiep y otros 22 gremios empresariales, a través de un comunicado, exhortaron al Congreso a derogar "la última modificación al Código Penal que relajó la persecución del delito de crimen organizado". Pero el Parlamento solo modificó cinco artículos. ¿Esos cambios son suficientes? [...] No sé cuáles son los cinco artículos modificados en esta ley, pero cualquier cosa que relaje la lucha contra la criminalidad es una barbaridad; le están dando la espalda a la ciudadanía que está sufriendo ataques que ya se pasaron de la raya. Hasta ahora la inseguridad ciudadana, le ha costado al Perú el 3,09% del PBI, eso es una barbaridad, S/31.500 millones al año nos cuesta la criminalidad. Y las extorsiones, que no habíamos visto antes en el Perú [a gran escala], suman S /6.000 millones. Siete de cada diez transportistas son extorsionados. En el mismo comunicado, los empresarios señalaron que "existe un gobierno paralelo" y este es "el crimen organizado".¿ Quiénes son los principales responsables de este escenario? A lo que nos hemos referido con eso es que existe una actividad criminal hoy día impune, que es difícil de atacar en la situación en la que estamos si no hay un compromiso desde la cabeza; es decir, la presidenta de la República y los otros actores, pasando por las Fuerzas Armadas y policiales y la ciudadanía, vamos a vivir dos mundos. En el caso de la minería ilegal alcanza US$4.000 mlls., una barbaridad. Hay una economía paralela, que a punta de pistola o metralla puede abrirse camino sin problemas. Esto amerita acciones. No podemos perder el Perú.