Expertos internacionales vienen advirtiendo desde hace tiempo que el avance de la inseguridad ciudadana y de las economías ilegales puede tener consecuencias funestas sobre el sistema democrático. No solo por la violencia que imponen y su penetración en el aparato político, sino porque le roban al ciudadano la confianza en que las instituciones están para servirlo y protegerlo. De pronto, la opinión prevalente es que el sistema en general ya no funciona.Algo de ello aparece reflejado ya en la última encuesta de Datum Internacional preparada para El Comercio, sobre todo lo que respecta al sistema de justicia. Según el sondeo, el porcentaje de la población que desconfía del Ministerio Público y de los jueces llega al 86% en el primer caso, y al 87% en el segundo. Las cifras son marcadamente inferiores a las que registra incluso la policía, con un 66% de desconfianza.(Edición domingo).