Desde mayo de 2023, el Congreso de la República desarrolla un inusual afán reformista del Código Penal y el Código Procesal Penal en beneficio personal de los congresistas y de los partidos políticos que controlan el parlamento, generando caos y confusión en el sistema penal judicial y fiscal.Las ocho leyes penales aprobadas y promulgadas hasta hoy, desde mayo de 2023, son contradictorias, confusas y con definiciones ambiguas y sin desarrollo técnico, como advirtió el juez Jorge Chávez Tamariz, o tienen nombre propio, como denunció el juez Richard Concepción Carhuancho por lo que no se pueden cumplir o son inaplicables constitucionalmente.