En el informe N°5220-2024, elaborado en la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (DGDPAJ) y al que accedió El Comercio, se advierte la necesidad del fortalecimiento del servicio de defensa pública "con la finalidad de atender los requerimientos formulados en el marco de la Ley 32108". Según el documento, en la actualidad solo hay 1.226 abogados dedicados a casos penales en el país.En mérito a la ley, la Dirección de Defensa Penal ha solicitado la contratación de unos 150 defensores públicos penales adicionales, cinco administrativos y la implementación logística (PC, celulares, etc .). En suma, desde esta dirección se ha requerido de manera formal una asignación de recursos adicionales para el 2025 que se estima en S/25’046.940 para cubrir esta demanda. El pedido aún está en el Minjus.