Por Ricardo Uceda, periodista.La rebelión de las combis, concretada en dos paralizaciones, reflejó el hartazgo de los transportistas de Lima por la indiferencia del Poder Ejecutivo y del Congreso ante el avance de las extorsiones. Hay un punto de quiebre. Lo que observamos es el primer momento de una protesta mayor -con otros sectores afectados- que puede jaquear a dos poderes que hasta ahora gobiernan plácidamente. Y por el mismo motivo: la inseguridad.De otro lado, el crimen organizado vinculado a la minería ilegal goza de buena salud. El caso de la minera Poderosa, en Pataz, es un ejemplo de sus acciones a gran escala. Fue blanco de atentados que en tres años dejaron 18 muertos, el último el 24 de setiembre. Son ataques con armas largas y explosivos que incluyen voladuras de torres de alta tensión. Los ataques a Poderosa tienen como condicionantes un aumento espectacular del precio del oro y la profundización de la crisis institucional del Estado.El Gobierno, el Ministerio Público, el Congreso y el Poder Judicial no sintonizan en la persecución del delito.(Edición domingo).