El hábeas corpus planteado por la defensa del ex presidente Alejandro Toledo contra la jueza Carolina Lizárraga pretendería que dicha magistrada se aparte de este caso, para que otro despacho continúe las investigaciones sobre la falsificación de firmas de País Posible, hoy Perú Posible.Según Edwar Álvarez, profesor de ciencias penales de la universidad San Martín de Porres, el trámite del hábeas corpus genera un conflicto de intereses entre procesado y juez que puede ser utilizado para pedir la inhibición o recusar a la magistrada. El tema de fondo es si los planillones con firmas de adherentes son públicos o privados. Álvarez indicó que el Tribunal Constitucional (TC) anuló en agosto del 2005 todo lo hecho por el juez Sául Peña Farfán, a cargo en esa época de este caso, porque no definió si los planillones son públicos o privados.