El viceministro de Justicia, Juan Enrique Alcántara, en representación del Gobierno, defendió la ley que, según el Ministerio Público, debilita la lucha contra el crimen organizado aprobada por el Congreso, y rechazó las críticas de que esta pueda favorecer a las organizaciones criminales porque obliga la presencia de un abogado antes de realizar un allanamiento. "La ley es muy clara, el allanamiento se puede realizar cuando estamos en una situación de flagrancia, sin necesidad de avisar al juez y al abogado. Pero, lo que contempla la Ley 32108, se refiere a un avance, cuando estamos en una investigación preliminar. Cuando el allanamiento se tiene que solicitar ante un juez, con un fiscal, con un motivo suficiente. La ley no impide que se realice el allanamiento. Este se puede realizar. Lo que la ley exige es que en el momento del registro y la incautación esté presente el abogado", dijo Alcántara.