Por Ed Malaga Trillo.La inseguridad ciudadana es hoy nuestro más grave problema. Los poderes del Estado no solo han perdido la batalla contra el crimen organizado, sino que han sido penetrados e instrumentalizados por este. Si en los años 80 el narcotráfico compraba jueces, fiscales y policías, hoy otras economías criminales -encabezadas por la minería ilegal- han seguido su ejemplo y tomado su lugar, alcanzando representación partidaria, parlamentaria, y hasta ¡cuota farandulera y futbolística! Mientras los mineros formales cuidan el ambiente y tributan, creando riqueza y empleo, los ilegales depredan y evaden impuestos amparándose en un registro de formalización (Reinfo) que solo ha servido para enriquecerlos obscenamente, promoviendo de paso el sicariato, la extorsión y el tráfico humano, sembrando muerte, corrupción y miseria ahí donde no existe el Estado. Algo similar ocurre con el tráfico de terrenos, la pesca y la tala ilegal en todas las regiones de nuestro bendecido y abundante país. Al mismo tiempo, en nuestras ciudades, entre asaltos a viviendas y robos de autos y celulares, vemos que transportistas, comerciantes y virtualmente cualquier profesional o empresario, han quedado a merced de mafias que les cobran cupos por dejarlos vivir para hacer su trabajo. O pagas o te matan. La violencia y el terror están a la vuelta de la esquina, como ni siquiera Sendero Luminoso se habría atrevido a soñar. Al igual que la subversión de los 80, el crimen organizado ha tomado el campo y la ciudad, pero, a diferencia de esta, no se contenta con el poder político, sino que aspira a capturar nuestra economía y la base productiva de esta, dinamitando el modo de vida y el esfuerzo de millones de peruanos de bien.