El crimen organizado continúa atormentando la vida de los peruanos. Si bien esta es una realidad en el Perú desde hace mucho, es notorio cómo el asedio de crímenes como el sicariato y la extorsión han aumentado recientemente. Y no está claro cuándo ni cómo vaya a parar. Según cifras de la Policía Nacional, en el 2019 hubo 2,618 denuncias por extorsión. Dos años después, en el 2021, fueron 3,283. En el 2022, la cifra se disparó a 11,224. Mientras que el año pasado hubo17,246 extorsiones. Es decir, la cifra más que se sextuplicó en solo cuatro años. Los periodos citados revelan que este no es un problema que haya sido creado por este Gobierno, o que se haya originado durante su mandato. Ciertamente, lo venimos arrastrando por mucho tiempo. Lo que sí resulta sumamente preocupante, empero, es notar la total incapacidad del Gobierno de dar respuestas estratégicas y efectivas, al tiempo que el Congreso ha aprobado nuevas normas que han debilitado aún más la capacidad del sistema de justicia de enfrentar al crimen organizado.
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