El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de controversias utilizado especialmente en el ámbito empresarial para resolver disputas comerciales de manera célere y eficiente, sumado a otras ventajas como flexibilidad, especialización y confidencialidad de los servicios. Sin embargo, el Ejecutivo ha puesto en riesgo su efectividad con la reciente publicación del Decreto Legislativo N.° 1660. La norma cambia las reglas de juego en cuanto a quiénes pueden ser árbitros y cuáles son los requisitos para constituir un centro arbitral, al obligar a estos a inscribirse en el Registro Nacional de Árbitros y de Centros de Arbitraje (Renace).¿Cuál es el problema? En primer lugar, el Decreto Legislativo N.° 1071, que rige el arbitraje en el Perú, en su artículo 20 señala que "salvo acuerdo en contrario de las partes, la nacionalidad de una persona no será obstáculo para que actúe como árbitro". Por ello, las empresas cuando tienen una determinada controversia, en muchos casos, apelan a nombrar árbitros extranjeros, establecidos en otras economías.