Por Gustavo De Vinatea, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) El motor de todo país es su gente. Por ello, que los estudiantes no puedan realizar con normalidad sus actividades, que los transportistas decidan suspender sus labores por el miedo de morir en la ruta, que las personas simplemente no puedan desplazarse a sus centros de trabajo nos coloca en una situación crítica. En ese sentido, es imperativo que el Estado despliegue todos los esfuerzos necesarios para proporcionar seguridad en nuestro entorno. No es solo Lima. Mientras en la capital se llevó a cabo el paro de transportistas (demandando condiciones esenciales de seguridad), en Pataz (La Libertad) falleció otra víctima de los criminales que extraen y trafican minerales de manera ilegal y que hoy quieren expandirse, incluso en zonas urbanas. Los atentados no cesan en el norte, pese a que hace más de seis meses se estableció un estado de emergencia, tanto en Trujillo como en Pataz.Si bien se evidencia un despliegue policial importante en esta provincia norteña, es debido señalar que el mismo Estado limita su accionar a través de una plataforma como el Reinfo (creado en 2016), que le está abriendo las puertas a la ilegalidad. Es a través del mal uso de este instrumento que muchos invaden y detonan territorios, sin parámetros de seguridad, al margen de toda fiscalización, contaminando el entorno y explotando a las personas. Con el mismo Reinfo, roban y trafican los recursos que son del Estado y obtienen el dinero para financiar su escapatoria, burlando el control policial. Se ha generado un círculo vicioso y sería un error extender su vigencia hasta 2026.