El régimen se sigue debilitando. Social, política y jurídicamente. Al paro de los transportistas por la creciente delincuencia común y organizada que asola Lima, se sumaron dos decisiones de la administración de justicia que complican la situación jurídica y la futura libertad de la presidenta Dina Boluarte Zegarra y el ex titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda. El Poder Judicial, a través del juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley autorizó que Boluarte Zegarra sea investigada preliminarmente por delito de enriquecimiento ilícito, por un plazo adicional de ocho meses, hasta enero 2025.