Fueron casi cinco meses de negociaciones y ayer en Palacio de Gobierno el presidente Alan García, flanqueado por sus ministros y los representantes de los empresarios mineros, mostró a la audiencia el decreto supremo que crea el "Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo", conocido como aporte voluntario.Según los empresarios mineros representados por el ex ministro de Energía y Minas, Hans Flury, este acuerdo es un hito en la historia, pero recordó que no sólo es necesario el aporte de los empresarios mineros, sino que también es importante la presencia del Estado en aquellas zonas alejadas.El decreto supremo que da vida a este aporte voluntario estipula claramente, tal como se anunciaba durante las negociaciones, que la mayor parte será destinado para programas sociales y otra parte para obras de infraestructura. Los porcentajes a destinar a los programas, según explicaron los empresarios mineros, serán definidos en los convenios individuales que firmarán las empresas con el Estado, representado por los ministerios de Energía y Minas y de Economía.Según la norma publicada ayer en el diario oficial El Peruano, los programas que atenderá este aporte serán: nutrición de menores de 5 años de edad y madres gestantes; educación primaria y programas de apoyo educativo y de capacitación técnica; salud; desarrollo y fortalecimiento de capacidades de gestión pública; apoyo y desarrollo en la promoción de cadenas productivas y/o de proyectos de desarrollo sostenible más allá de la vida útil de la operación minera.Este aporte también estará destinado a infraestructura básica en energía eléctrica, agua, saneamiento y desarrollo; obras de impacto local o regional, para las cuales utilizarán mano de obra de la localidad.
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