Por Carlos Gallardo Torres, Gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE). El Perú es un país distinto. Las reformas ejecutadas en los noventa sentaron buenos cimientos para el desarrollo y algunos técnicos que participaron de estas reformas fundaron, formaron parte o se encuentran aún vinculados al Instituto Peruano de Economía, que hace unos días cumplió 30 años. Sin embargo, como se dio cuenta en una de sus publicaciones: “La reforma incompleta. Rescatando los noventa”, editada en el 2000, hay que combatir las contrarreformas y completar las reformas inconclusas. Dos ejemplos de estas reformas que se encuentran en el debate esta semana son: Petroperú. Previo al Decreto de Urgencia 013-2024 de salvataje a Petroperú, el IPE estimó que los costos generados a todos los peruanos por el apoyo financiero a la empresa estatal ascendían a S/ 20,200 millones desde el 2013. Considerando el DU, estos cálculos se elevaron a por lo menos S/ 24,600 millones, un incremento de S/4,400 millones. Solo con estos recursos adicionales, se podrían construir 57 colegios de alto rendimiento (COAR), 17 hospitales de mediana complejidad o financiar 4 veces el presupuesto anual 2024 del programa Juntos. Ese es el importante costo que representa una empresa estatal que ha sido mal gestionada. El principal problema del DU es que no establece un plazo cierto para la esperada transformación de Petroperú, ni tampoco cómo dejará de generar pérdidas en el corto plazo. Entonces, es de prever que no será el último salvataje y que continuará comprometiendo además la golpeada sostenibilidad fiscal.