Por Alonso Rey.Una vez más, Petroperú está en las noticias por las razones equivocadas. Después de años de problemas financieros y operativos, el Gobierno ha decidido capitalizar a la compañía con US$750 millones y extinguir la obligación de pago de este monto. Es decir, se condona la deuda y el Estado, como accionista, se hace cargo de esta. En la práctica, entre este apoyo financiero y otros compromisos asumidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, la suma capitalizada asciende a US$2,180 millones. Básicamente, se perdona una deuda gigantesca y se inyecta más dinero, de los peruanos, sin ninguna garantía real de mejora. Todo esto, por supuesto, con dinero que debería servir para construir colegios, hospitales, carreteras, comisarías entre otra infraestructura en beneficio de la población. Inclusive para apagar otros incendios que tanto daño hacen. Lo peor es que este no es un caso aislado. Corpac, las empresas eléctricas regionales y las de saneamiento tienen el mismo problema. Todas prestan servicios públicos esenciales, pero funcionan arrastrando problemas de malas gestiones que vienen desde hace años. ¿El común denominador? Están en manos de políticos, no de técnicos.