Por Iván Arenas.Para nadie es un secreto que las economías informales e ilegales han terminado en varias ocasiones financiando la política en todos los niveles. En ese sentido, varios congresistas de la actual legislatura han sido acusados o sindicados como -si no representantes directos- por lo menos allegados a las economías ilegales e informales. Así, además, estos congresistas habrían o continuarían siendo financiados por estas economías. Tenemos entonces un problemón, como se suele decir en el argot callejero. Las economías informales, pero sobre todo las economías ilegales tanto de minería como algunas más, pueden financiar campañas, candidatos, incidir directamente en la política y en las decisiones de políticas públicas. El problemón es aún peor porque el sector empresarial formal, que tributa y cumple las normas ambientales, sociales y laborales, está maniatado y limitado para siquiera contribuir en una campaña política o en una campaña de comunicación que promueva la defensa de la economía de mercado. Vale recordar que la reforma política-electoral pasada prohibió en absoluto el financiamiento de personas jurídicas, es decir empresas formales a las campañas políticas. ¿A qué vamos con todo lo anterior? A que finalmente en el Congreso se termina defendiendo a cualquier otro tipo de economías menos a la formal.