Por Alfonso Bustamante Canny, presidente de la Confiep.La semana que pasó, el Directorio de Petroperú planteó tres alternativas para la empresa con plazos perentorios, debido a la urgencia financiera, dos de ellas con consecuencias graves: seguir poniendo plata buena sobre plata mala y la liquidación de la empresa. La alternativa recomendada es reestructurar ordenadamente la petrolera y colocar los mecanismos de gobernanza para generar confianza a trabajadores, acreedores e inversionistas potenciales. Ante la inacción del Gobierno, (único accionista y principal acreedor) el directorio optó por la renuncia.El caso de Petroperú nos lleva inevitablemente a meditar sobre la actividad empresarial del Estado, para lo cual cabe referirnos al artículo 60 de la Constitución, el cual define el rol empresarial subsidiario del Estado y lo limita a intervenir en la actividad empresarial sólo cuando el sector privado no pueda hacerlo adecuadamente o en áreas consideradas de interés público.Los fans de Petroperú han mencionado repetidas veces, que solo ella llega a los lugares más remotos del país con combustibles que son vitales para dichas zonas, y que sirve, además, como regulador de precios de los combustibles frente al sector privado. El caso es que Petroperú ha reducido su participación de mercado de 50% al 25%, principalmente, porque sus combustibles son más costosos que los ofrecidos por los privados. Y sobre el abastecimiento en lugares remotos, la construcción de una nueva refinería no sirve a este propósito. Por el contrario, montar una buena logística lograría ese rol a una pequeñísima fracción de la inversión realizada en la aun inoperante refinería.