Por Alejandra Acosta, Curadora de Economía del Comité de Lectura.Resulta casi increíble ver cómo el gobierno de Dina Boluarte está lidiando con la crisis de Petro-Perú. Que haya esperado a que el directorio liderado por Oliver Stark renunciara -dos semanas después de un ultimátum público- para aprobar un decreto de urgencia que busque resolver su falta de liquidez y que aún no se sepa a quiénes les van a entregar las riendas de la petrolera ya no nos permite pensar que sus acciones estén guiadas por la incompetencia, sino por la confusión ideológica.Al cierre de esta columna, todavía no se había publicado el decreto de urgencia que se aprobó el miércoles durante el Consejo de Ministros. El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, ha indicado que están otorgando una ayuda financiera a Petro-Perú, pero no se sabe de cuánto ni a través de qué modalidad. Las opciones son múltiples: un nuevo aporte de capital, postergar el pago del préstamo por US$750 millones que se le otorgó en el 2022, mayores garantías para préstamos o nuevas líneas de crédito con el Banco de la Nación.