Ayer el directorio de Petro-Perú presentó su renuncia. La noticia no es una sorpresa. La verdadera sorpresa es que se demoraran tanto, pues, como se recuerda, el 27 de agosto su presidente, Oliver Stark, había dado un ultimátum: o el Gobierno tomaba una decisión sobre el futuro de la compañía o él y los directores dimitían, a más tardar, el 31 de agosto. Diez días más pasaron de aquel plazo y, pese a que se ventilaron diferentes rumores, el desenlace terminó siendo el mismo. En este momento, la situación de la petrolera no solo es insostenible, sino también incierta.Lo ocurrido con Petro-Perú es lamentable por muchas razones. En primer lugar, porque la propuesta que había presentado el equipo de Stark a la presidenta Dina Boluarte (no en las últimas semanas, vale recordarlo, sino el 13 de mayo) era bastante sensata, no solo para la empresa en sí, sino también para los contribuyentes, que en los últimos años han sido los responsables de mantener a flote un barco que hace agua. Como sabemos, ellos habían puesto sobre la mesa un plan que implicaba un paquete de ayudas económicas de parte del Ejecutivo que viniera atado con los cambios normativos necesarios para insertar una gestión privada en Petro-Perú.