A través de un comunicado, extitulares y exfuncionarios de la Defensoría del Pueblo se pronunciaron sobre la actual coyuntura política y, en ese contexto, cuestionaron las contrarreformas que se vienen llevando a cabo en diferentes campos, como la educación, así como la aprobación de leyes que favorecen a la delincuencia y la impunidad -entre ellas las referidas a la prescripción de los delitos de lesa humanidad, la reducción de plazos de prescripción en materia penal, el debilitamiento del proceso de colaboración eficaz y contra el crimen organizado-, además de otras iniciativas que benefician a las economías ilegales. En el documento, además, cuestionan la gestión del actual defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, de quien dijeron que "guarda silencio frente a hechos graves y no disimula su respaldo a quienes han antepuesto sus intereses particulares a los del país con la intención de mantener cuotas de poder, promover la impunidad y evitar una salida democrática a la actual crisis política".
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