Por Martín Tanaka, profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP.Comentaba la semana pasada que cuando pensamos en la informalidad en el tiempo reciente solemos pasar por alto que prácticas informales constituyen soluciones (por más precarias, de corto plazo y con altos costos, dados los problemas públicos que generan, que sean) a necesidades muy concretas y apremiantes de los ciudadanos. En otras palabras, si el orden formal no logra concretar una opción mejor que la que la informalidad provee, entonces no cabe esperar demasiado.Además, en los últimos años, registramos con justificada preocupación la creciente extensión de actividades ilegales que conviven y se entrelazan con el mundo informal (también con el formal, pero esa es otra discusión), de modo que hacen que el tratamiento del problema asuma formas muy complejas, por lo que no basta con enfoques meramente represivos.En la encuesta sobre economías ilegales del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), de enero de este año, encontramos que más del 80% de los ciudadanos sienten que diferentes economías ilegales afectan mucho al país, especialmente la tala ilegal (89%) y el narcotráfico (88%). En el norte se percibe que es el narcotráfico el que afecta más a la región (29%), seguido del contrabando (23%). En el centro se menciona más a la minería ilegal y al narcotráfico (con un 26% y 23%). En el sur, a la minería ilegal y la trata de personas (27% y 22%). Y en el oriente, a la tala ilegal (con un 26%). Los limeños se sienten afectados especialmente por la trata de personas y el narcotráfico (29% y 28%).