En noviembre de 2017 -meses después de que saliera a la luz el millonario esquema de coimas de Odebrecht en Perú, así como sus turbios vínculos con distintas campañas electorales-, la legislación prohibió por primera vez a empresas con fines de lucro, sean nacionales o extranjeras, financiar a partidos políticos. Esta decisión, explica el presidente de la Confiep, Alfonso Bustamante Canny, le ha abierto la puerta al financiamiento ilegal proveniente de la minería ilegal, el tráfico de terrenos y el narcotráfico. "Si ellos son los financistas, estamos en problemas muy serios", indicó Bustamente. No obstante, las prohibiciones de la actual legislación cesarían con el nuevo proyecto de ley de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La propuesta ha sido entregada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que, posteriormente, sea debatida en la Comisión de Constitución del Congreso. Según la ONPE, transparentar el financiamiento privado garantizaría que el dinero usado por las organizaciones políticas, ya sea en una contienda electoral o en actividades ordinarias, no provenga de fuentes ilícitas.