No es un secreto que el Congreso aprueba leyes para beneficios personales o favorecer a ciertos sectores, con el objetivo de obtener ventajas económicas, judiciales o, simplemente, conseguir la aprobación de su electorado.Por esa razón, poderes del Estado, órganos constitucionales o diversas instituciones que se consideran afectadas por tales normas han presentado demandas para frenarlas o derogarlas, con el argumento de que tales leyes infringen criterios judiciales, normativos o constitucionales.Desde 2021, cuando se proclamó presidente a Pedro Castillo, hasta la fecha se han interpuesto en el Tribunal Constitucional (TC) por lo menos 30 demandas de inconstitucionalidad contra leyes aprobadas por el Parlamento, de acuerdo con una revisión de Correo. (Edición domingo).
- [Correo,Pág. 2-3] /