Por Joaquín Rey, asociado sernor en la Consultura Público.¿En qué cree el gobierno de Dina Boluarte? Pues cada vez está menos claro. Dos casos de alto perfil en la última semana así lo demuestran.El primero está relacionado a Petroperú. Hace menos de tres meses el Ejecutivo parecía dar señales de un giro de timón en el manejo de la petrolera estatal, cuando se designó como presidente del directorio a Oliver Stark, un ejecutivo con amplia trayectoria en el sector privado. Desde sus primeras declaraciones, Stark fue claro en reconocer la delicada situación financiera de la empresa, y la inviabilidad de seguir subsidiando sus pérdidas sin cambios estructurales en su manejo. Señaló, además, su intención de introducir una gestión privada, de implementar un Project Management Office u otras medidas tan drásticas como la venta del emblemático edificio de San Isidro para trasladar todo el personal a Talara. La posición de la nueva administración de Petroperú marcaba una clara distancia respecto de las gestiones previas, que habían abogado por mantener el statu quo con recurrentes inyecciones de recursos del erario, en total oposición a cualquier cambio estructural en la gobernanza y administración de la empresa. Sin embargo, pasaron las semanas y el Ejecutivo no tomaba decisiones para moverse en la dirección propuesta por el nuevo directorio. Así, hace quince días este tuvo que dar un ultimátum a la administración Boluarte, exigiendo que sincere sus intenciones respecto de la petrolera. El comunicado señalaba que solo hay tres posibilidades: una real reestructuración en la línea de lo propuesto por Stark, declarar la quiebra de la empresa o mantener el statu quo e inyectar más recursos (en cuyo caso el directorio renunciaría). (Edición domingo).