Por Ana Jara.La minería ilegal es uno de los delitos de mayor perjuicio para el Estado, no solo acarrea daño ambiental contaminando y destruyendo nuestros recursos naturales, sino también es la raíz de otros delitos asociados, como trata de personas, narcotráfico, esclavitud, evasión tributaria, entre otros. Combatirla dejó de ser ya un tema exclusivo de los ministerios de Energía y Minas y del Ambiente, del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y de los gobiernos regionales. Poco a poco se ha ido integrando a otras entidades públicas y privadas con este propósito, las que están obligadas a reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) las operaciones inusuales y/o sospechosas de actividades comerciales, civiles, bancarias y financieras, notariales, de juegos y apuestas, etcétera, que se realicen ante estas, y muchas podrían tener su origen en la minería ilegal. Buena parte de nuestra Amazonía y territorios como Pataz, en La Libertad, van camino a ser zona liberada donde no tienen parte ni la ley ni la autoridad, sino las bandas criminales que dominan el espacio, al punto que el Estado ha perdido la fiscalización del mineral que se extrae.