Es verdad que el prófugo Vladimir Cerrón Rojas recibe ayuda, de por lo menos tres congresistas, para mantenerse en la clandestinidad. Es verdad que el dueño de Perú Libre estuvo en una playa al sur de Lima, en Asia, disfrutando del sol durante el verano que se fue. Es verdad que tiene el apoyo de integrantes allegados a la embajada de Cuba en Lima, quienes le proporcionan redes tecnológicas y equipos de comunicación. Y, claro que es verdad que, cuando este caiga, se conocerá quiénes conforman la red de protección gubernamental que mantiene al prófugo más famoso del país 333 días lejos del alcance de las autoridades judiciales. Ayer, el mismo comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, ha confirmado que "por sistemas de informática, de ubicación o de geolocalización, no se va a poder ubicar a esa persona (Cerrón). Requerimos la fuente humana". Incluso, uno de los audios de la vergüenza, de los cuales el aún ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se ha encargado de deslindar protagonismo, hace referencia a la protección de "los grandazos" hacia Cerrón.