El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Ministerio Público por el tema de la inseguridad ciudadana no tiene cuando acabar y un nuevo capítulo se estrenó ayer.La raíz de la pugna es la acusación del Ministerio del Interior a la Fiscalía por liberar delincuentes que la Policía captura con esfuerzo y que regresar así al crimen. Ante ello, el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, demandó al Gobierno emitir una ley para que las personas detenidas en flagrancia sean automáticamente encarceladas, pues la prisión preventiva tiene otros parámetros que no se cumplen para poder otorgarla. "Este Gobierno es el que ha puesto vallas más altas para la prisión preventiva. Antes, para pedir esta medida, la prognosis de pena era no menor a cuatro años, ahora han sacado un decreto legislativo y la alzaron a cinco años. Independientemente de eso, en la misma norma establece que cuando una persona comete un delito cuya prognosis de pena es no menor a ocho años, la pena es suspendida, siempre y cuando esta persona sea menor de 25 años", aseveró el fiscal.