Mientras las defensas de los investigados por el caso Waykis en la Sombra, entre ellos Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, insisten en que se les aplique la nueva ley de crimen organizado, la Fiscalía sostiene que los actos delictivos del ‘hermanísimo’ contarían con el respaldo de este Gobierno. Durante la audiencia en la que se evalúa el pedido de 36 meses de prisión preventiva para Boluarte y los demás acusados, el fiscal Carlos Ordaya López advirtió que un poder de facto ha impedido el normal desarrollo de las investigaciones contra el hermano presidencial.