Por Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE).Cuando en agosto del 2019 el entonces presidente Martín Vizcarra suspendió el proyecto minero Tía María inventando un procedimiento de licencia social vinculante, las expectativas del sector se resintieron. Ya no era suficiente cumplir con todos los engorrosos requisitos legales, ambientales, comunitarios, etc., necesarios para sacar adelante una mina. Ahora el gobierno podía, arbitrariamente y sin oportunidad de subsanación, postergar indefinidamente el proyecto si la oportunidad política se prestaba a la jugada. Ese mes, las expectativas de los inversionistas en general, no solo en la minería, se contrajeron significativamente.Si la simetría es justicia, debería entonces ser motivo de satisfacción que el proyecto vuelva a estar en marcha. Así como en su momento la suspensión deprimió el ánimo privado, el país debería aprovechar esta señal positiva -cinco años después- para avanzar con más decisión en los proyectos mineros en cartera. Once años atrás, cuando el precio del cobre estaba en niveles similares a los de hoy (cerca de US$4 por libra), el Perú logró atraer inversiones mineras por hasta casi US$9.000 millones en un solo año. Los proyectos iniciados entonces contribuyen con empleo, tributos, divisas y movimiento económico general hasta hoy.