Ninguno de los cuatro integrantes de la actual Mesa Directiva del Congreso se o puso ala cuestionada Ley 32108, que modifica el concepto de organización criminal y obliga a que los allanamientos se ejecuten con presencia del imputado y su abogado.Como informó El Comercio, a poco más de dos semanas de que el Congreso promulgara por insistencia la norma ante la inobservancia del Ejecutivo, los efectos nocivos de la misma ya se empiezan a notar. Una sala dejó en libertad a siete personas sindicadas como parte de Los Ruteros del Norte, que operaban en las fronteras de Madre de Dios y Tumbes.