El pasado 20 de agosto, el exembajador Harold Forsyth y 15 ciudadanos peruanos más denunciaron al Perú y sus autoridades ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por las muertes de 49 personas durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023, después del golpe de Estado de Pedro Castillo. Y es que, según Forsyth, la Fiscalía por "más buenas intenciones que tiene, no ha obtenido ningún resultado". No obstante, esto no es exacto. Perú21 accedió a un informe detallado del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas Durante las Protestas Sociales (Eficavip) que da cuenta de su trabajo hasta el 16 de julio de 2024. Este diario pudo conocer que la Fiscalía, a cargo del fiscal superior Luis Valdivia, ha organizado ocho equipos de fiscales en seis regiones -Apurímac, Arequipa, Lima, Junín, Ayacucho y Puno-, quienes vienen investigando a un total de 336 personas, entre ellos, 292 policías y 44 militares.(Edición sábado).