BROKERS ESPECIALIZADOS CONTRA LA MINERÍA MODERNA
23 de agosto de 2024

Por Iván Arenas.Una de las grandes deudas pendientes de la Defensoría del Pueblo es no haber afinado la metodología que aplica y sirve de base para sus continuos informes mensuales de "conflictividad socio/ambiental". ¿Por qué todo lo anterior y cuál es la relación con la columna? Veamos. La realidad ("real", digamos) ha desbordado la metodología de conflictividad "socio/ambiental" que aplica la Defensoría del Pueblo. Ponemos las alertas en la Defensoría del Pueblo porque sus continuos informes sobre "conflictividad socio/ambiental" sirven de análisis e insumo para las decisiones de inversión tanto de empresas privadas como de personas. No obstante, la metodología que aplica esta institución ya no se condice con lo que sucede en algunos casos puntuales de conflictividad, los que, dicho sea, son cada vez más recurrentes y constantes. Me refiero a la existencia de un grupo de asesores y abogados que se instalan alrededor de los proyectos mineros o extractivos con el objetivo de "asesorar" a las comunidades y sus dirigentes; sin embargo, tienen intereses pecuniarios, ideológicos o políticos, nada referente a temas ambientales o sociales. Estos grupos de asesores y abogados utilizan un softwarecasi común que desarrollan con la ayuda de algunos dirigentes comunales, quienes se dejan seducir por los réditos económicos, políticos e ideológicos.Quizá una de las primeras formas de "asesoramiento" fue la de los Chávez Sotelo, abogados que en una parte de las comunidades del denominado Corredor Vial Sur -donde están instaladas varias operaciones mineras- lograron afianzar un gran poder e influencia hasta tal punto que tuvieron a varios "clientes" (comunidades), y cuyo papel era trascendental en la solución o no de las protestas.