El presidente Alan García ha hecho una oportuna y necesaria invocación a los alcaldes y a los presidentes regionales, para que asuman sus responsabilidades en la estructura del Estado de derecho.Fuera de cualquier consideración sobre protagonismo del Ejecutivo, lo cierto es que, por costumbre o por facilismo, muchas autoridades municipales y regionales esquivan cotidianamente su responsabilidad. Así, ante cualquier problema de violencia, inversiones, desarrollo de proyectos, salud, etc.; se repliegan y prefieren endilgarle la responsabilidad al Gobierno Central, con serias consecuencias para la gobernabilidad. Así, en medio de toda esta confusión de roles, quedan diluidos no solo el principio de autoridad, sino la misma presencia efectiva del Estado en todo el país. Ello impide, a veces, que cumpla, a través de los concejos, sus funciones básicas de llevar orden, educación, salud y apoyo social.¿Por qué los alcaldes y presidentes regionales pugnan para que se les transfiera funciones y recursos si no los van a usar para el bienestar ciudadano? En cuanto a orden, las autoridades locales deberían coordinar mejor con la fuerza pública para actuar ante cualquier imprevisto. Ahora que avanzamos en el proceso de descentralización, y que incluso se debate la posibilidad de municipalizar la educación y la salud, es adecuado plantear estos temas. Si las autoridades, elegidas o no, confunden estos conceptos, la reforma del Estado va por mal camino.