Una vez más, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, se encuentra en el ojo de la tormenta. Días atrás, presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra seis numerales y seis artículos del Decreto Legislativo 1373, publicado en agosto del 2018, que regula la extinción de dominio en nuestro país.Dicha figura, como sabemos, permite que el Estado Peruano pueda hacerse de bienes que sean fruto o que estén vinculados de alguna manera con actividades ilícitas. Y funciona con autonomía de los procesos penales contra los individuos que obtuvieron o utilizaron dichos bienes. Para el defensor del Pueblo, sin embargo, tal y como está escrita, la norma vulneraría varios principios recogidos en la Constitución. Por lo que ha pedido al TC que declare inconstitucional una parte de ella. Pero lo ha hecho sin mencionar un detalle: que podría terminar beneficiando a su hermana.