Pese a los cuestionamientos de diversas instituciones, como el Ministerio Público, el Congreso promulgó en el Diario Oficial El Peruano la ley que modifica la definición de crimen organizado y obliga a que los allanamientos se realicen con la presencia del involucrado y su abogado. Esto, luego de que el gobierno de Dina Boluarte decidiera no observar la referida norma. Como era de esperarse, esta ley tendrá una implicancia directa en los procesos e investigaciones que se encuentran en curso.De todos los casos emblemáticos, en este momento hay dos que tienen todos los reflectores encima. Se trata de los casos `Cocteles", que se encuentra en etapa de juicio oral y `Los Waykis en la sombra", que involucra al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte.En diálogo con Gestión, los abogados penalistas Carlos Caro y Andy Carrión adviertieron que esta ley no solo afectará ambos casos, sino que beneficiará a los que se encuentran involucrados en los mismos
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