Mientras, ni cortos ni perezosos, integrantes del Grupo Colina hacen cola ante el Poder Judicial para acogerse a la ley que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Perú antes del 1 de julio de 2002, en el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República se lavan las manos respecto de su responsabilidad en la promulgación de la norma, y le han tirado la pelota al Tribunal Constitucional (TC) para que sea dicha instancia la que dirima sobre la controversia que ha generado la disposición.