Por Alfonso Bustamante Canny, presidente de la Confiep.Para que un país crezca y se genere riqueza, es indispensable atraer inversión privada. Esta se puede incrementar de manera exponencial cuando un país cuenta con recursos naturales, ciudadanos capacitados, atractivos turísticos o un clima favorable, entre otras ventajas. Sin embargo, aún más importante es tener una institucionalidad sólida, un buen ambiente de negocios, normas transparentes, respeto por los contratos y predictibilidad en la administración de justicia.Puesto de otra forma, un país puede tener las mayores reservas de oro, cobre, litio y gas; contar con atractivos turísticos milenarios combinados con la mejor cocina del mundo; y poseer las mejores condiciones para producir paltas, arándanos, uvas y otros frutos maravillosos. Sin embargo, si no hay seguridad jurídica y estabilidad política, quedaremos atrapados en la mediocridad, conformándonos con poco, y la recuperación de los niveles de pobreza será lenta. Basta con observar lo sucedido en Venezuela en las últimas dos décadas para entender que, sin institucionalidad y respeto por el Estado de derecho, la inversión privada no reaccionará. Así, será difícil soñar con ser un país desarrollado que atraiga a gigantes tecnológicos como Microsoft, Google, Nvidia, BYD, Apple, Tesla, Toyota e Intel, así como a grandes farmacéuticas y centros de datos para que inviertan su capital en el Perú. El asunto es claro: sin seguridad jurídica, los inversionistas no vendrán. ¿Cómo podemos esperar que el megapuerto de Chancay se convierta realmente en un hub logístico si la institucionalidad es tan endeble? ¿Qué podemos esperar de un viaje tan importante y exitoso a China si los inversionistas no tienen garantías en el largo plazo?
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