Apelando otra vez a la práctica de hacerse de la vista gorda el gobierno de Dina Boluarte había consumado una semana antes el destino de esta controvertida norma. Pese a que los especialistas ya habían advertido de los peligros y los alcances de esta disposición señalando que su aplicación debilita la lucha contra la criminalidad, el Ejecutivo prefirió pasar por alto el dictamen aprobado por el Pleno del Congreso y no lo observó. Otra vez optó por lo más fácil, no tocar esa papa caliente. Así, al no pronunciarse el Gobierno y vencido el plazo hace siete días, el Legislativo ordenó ayer que se promulgue la ley que modifica la definición de organización criminal y que obliga a que los allanamientos se realicen con la presencia del investigado y su abogado.
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