Si el Gobierno busca que el déficit fiscal se reduzca y cierre el 2024 en 2.8% del PBI (en junio, el acumulado de los últimos doce meses era 3.9% del PBI), tendrá que hacer recortes en el presupuesto que vayan más allá del gasto corriente. Es que el componente "rígido" -que no puede ser reducido, sobre todo remuneraciones y pensiones-, sigue aumentando debido a los despropósitos del Congreso, al que se sumaría lo anunciado por la presidenta Dina Boluarte, el 28 de julio. En consecuencia, como ya lo hemos advertido en esta columna, se tendrá que echar mano de los recursos presupuestados para inversión pública.La inversión pública no consiste únicamente en construir obras que mejoren la competitividad del país (carreteras, aeropuertos, puertos, etc.), sino que tiene otro papel fundamental: reducir brechas socioeconómicas, sobre todo en el interior del país, vía la construcción o reparación de carreteras provinciales o distritales, colegios, hospitales y un largo etcétera. El esquema obras por impuestos (OXI) cubre en parte esa necesidad, además que encarga las obras a empresas privadas, más duchas en gastar con mayor eficiencia y celeridad que las autoridades gubernamentales. El monto que destinan a esos proyectos se "canjea" por una parte del Impuesto a la Renta que les corresponde pagar, las entidades públicas también aportan una porción de los proyectos.Por eso, es lamentable que el MEF haya decidido tijeretear el esquema OXI, reduciendo en 30% el tope del Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), que las empresas usan para acceder a descuentos tributarios.
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